La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el oficialismo, aprobó la controvertida Ley Simón Bolívar. Este cuerpo legal, que fue presentada como una medida para proteger la soberanía del país frente a las sanciones internacionales, estableció inhabilitaciones políticas perpetuas para aquellos considerados traidores a la patria. La normativa será proclamada por el dictador Nicolás Maduro en un evento en la Plaza Bolívar de Caracas.
El proyecto legislativo contenía 18 artículos y buscaba contrarrestar las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países. Uno de sus principales objetivos era penalizar a quienes solicitaran medidas coercitivas contra el país. Según el artículo 1 de la ley, se consideraba que cualquier acción que promoviera sanciones internacionales constituía un ataque directo al pueblo venezolano. La diputada chavista Iris Varela defendió la ley al afirmar que era necesaria para frenar a los opositores y medios de comunicación que, según ella, amenazaban la soberanía nacional.
#AHORA 🔴 | El artículo 20 de la "Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar", actualmente en discusión por la AN, establece que los medios de comunicación que "promuevan la imposición de medidas coercitivas contra Venezuela serán sancionadas con la revocación de la concesión" pic.twitter.com/b5zBmA41Xc
— El Cooperante (@El_Cooperante) November 28, 2024
Actuar típico de una dictadura
La Ley Simón Bolívar generó un amplio rechazo tanto dentro como fuera del país. Críticos argumentaron que esta legislación representaba un nuevo mecanismo de persecución política, ya que permite al dictador Maduro silenciar cualquier forma de disidencia. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que más de 1.976 personas estaban detenidas por razones políticas en Venezuela, muchas de ellas acusadas de "traición a la patria".
Maduro aseguró que la ley contaba con un "apoyo abrumador" entre la población venezolana y que buscaba equilibrar las cosas en un contexto donde él percibía una amenaza constante por parte de sectores opositores. Sin embargo, el proceso de aprobación fue criticado por su falta de transparencia; el texto completo no estuvo disponible públicamente ni para todos los diputados.
La normativa también contempla penas severas para aquellos que promuevan o apoyen sanciones internacionales, incluyendo penas de cárcel de hasta 30 años. Esta situación llevó a muchos analistas a cuestionar si realmente se trataba de una defensa del país o simplemente una estrategia para consolidar el poder del régimen en un ambiente cada vez más hostil.
La dictadura siendo más dictadura
La promulgación de la Ley Simón Bolívar marcó un hito en la política venezolana, intensificando las tensiones entre el gobierno y la oposición. A medida que el régimen celebra su aprobación como una victoria frente a las presiones externas, los opositores temen que esta legislación se convierta en un instrumento para reprimir cualquier intento de cambio político.
El contexto internacional también jugó un papel crucial en esta narrativa. La ley es vista como una respuesta directa a las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países, lo que llevó a Maduro a calificarla como una "arma jurídica" para defender al país.
