El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, presentó una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) en relación al asedio que su embajada en Caracas ha sufrido por fuerzas policiales y grupos armados no identificados. Este acto se considera parte de un patrón más amplio de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro. Durante la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, el embajador argentino en los Países Bajos, Mario Oyarzábal, hizo un llamado a la comunidad internacional para que actúe con determinación ante esta crisis que se vive bajo la dictadura chavista.
Oyarzábal subrayó que desde las elecciones del 28 de julio, la situación en Venezuela ha empeorado significativamente, comicios en que Maduro se reeligió en votaciones que no fueron reconocidas por la gran mayoría de país democráticos. "Los derechos humanos están siendo sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática del pueblo es ignorada", afirmó. La falta de avances en las investigaciones sobre estos abusos ha sido motivo de preocupación, lo que llevó a Argentina a buscar justicia internacional.
Situación actual de la embajada
Desde agosto, la embajada argentina en Caracas se encuentra bajo la protección del gobierno brasileño debido a la creciente violencia y amenazas. Esta situación se agravó tras la expulsión de los diplomáticos argentinos y las acusaciones del régimen venezolano sobre supuestas conspiraciones terroristas dentro de la sede diplomática. Oyarzábal destacó que los asilados en la embajada están siendo objeto de un asedio constante, lo que pone en riesgo su vida e integridad.
La exdiputada opositora María Corina Machado también ha denunciado públicamente las condiciones inhumanas a las que están sometidos los asilados, quienes viven aislados y sin acceso a servicios básicos como agua y luz. "Lo que ocurre hoy en la Embajada de Argentina en Caracas es tortura en territorio argentino", expresó Machado en sus redes sociales.
Llamado a la acción internacional
El embajador argentino hizo un llamado urgente a la CPI para que tome medidas efectivas contra los responsables de estos crímenes. "La impunidad no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino que también socava los fundamentos del orden jurídico internacional", concluyó Oyarzábal. La comunidad internacional ahora enfrenta el desafío de responder a esta grave situación y garantizar la protección de los derechos humanos en Venezuela.
