El hecho ocurrió en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Biobío el pasado 9 de diciembre. El reo Diego Valdés San Martín decapitó a su compañero de celda, Vincent González, y rayó las murallas con mensajes que podrían leerse como satánicos. La autopsia reveló que la causa de muerte fue un traumatismo torácico complicado, lo que ha llevado a la sociedad a cuestionar las condiciones de seguridad en las cárceles. Este asesinato se considera uno de los más brutales en la historia reciente del sistema penitenciario, mientras el Ministro de Justicia, Jaime Gajardo, insiste en que el Estado está en total control de los centros penales del país.
La familia de González expresó su indignación y anunció acciones legales contra el Estado por negligencia. Según ellos, Gendarmería había sido informada previamente sobre las intenciones homicidas de Valdés, lo que plantea serias dudas sobre la efectividad de las medidas de seguridad en el recinto penitenciario.
Traslado de alta seguridad
El traslado de Valdés se realizó bajo estrictas medidas de seguridad hacia el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) en Santiago. Este movimiento se considera necesario no solo por la gravedad del crimen, sino también por la posible amenaza que representa Valdés para otros internos y para la seguridad pública en general. Algo que debió determinarse ante de que una persona perdiera la vida, pero llegó tras un brutal homicidio.
Valdés, quien ya cumplía una condena de 18 años por homicidio desde 2022, ahora enfrenta cargos adicionales tras este macabro incidente. La situación ha generado un debate sobre la gestión y control dentro de los recintos penitenciarios, especialmente en un contexto donde la violencia entre internos es cada vez más frecuente.
La madre de la víctima
La madre de Vincent González ha hecho patente su dolor y frustración. La mujer afirmó que Valdés "no está loco" y que tenía todo planeado. Esto refuerza la idea de que las autoridades penitenciarias debieron haber tomado medidas preventivas antes del ataque.
Además, se han reportado otros incidentes violentos en el mismo módulo donde ocurrió el asesinato, lo que aumenta la preocupación sobre la seguridad en las cárceles chilenas. La familia González exige justicia y espera que su demanda al Estado sea un paso hacia una mejor protección para los internos.
