La reciente apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas desató un escándalo sin precedentes en el Congreso de Perú. Jorge Torres Saravia, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del parlamento, está siendo investigado por su presunta implicación en una red de prostitución que operaba dentro del Legislativo. Esta situación generó una gran indignación entre los legisladores y la ciudadanía, quienes exigen justicia y transparencia.
La denuncia se origina a raíz de un reportaje del programa "Beto a Saber", que expone cómo Torres Saravia habría contratado a mujeres bajo la apariencia de asesoras, mientras que en realidad estaban involucradas en actividades sexuales dentro del Congreso. Este escándalo ha llevado al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, a destituir a Torres Saravia el sábado, eliminando cualquier vínculo oficial con él en la página del Parlamento.
Acciones legales y reacciones políticas
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, anunció que se llevará a cabo una sesión extraordinaria para investigar a fondo este caso. En sus declaraciones, Burgos expresó su firme postura: "No podemos permitir que existan redes de prostitución en el Congreso". La comisión tiene la intención de convocar a Torres Saravia para que explique las circunstancias que rodean las acusaciones y la contratación del personal en su oficina.
Además, se solicitó información a la Dirección de Recursos Humanos del Congreso para esclarecer los hechos y determinar si hubo complicidad o negligencia por parte de otros funcionarios. La gravedad de las acusaciones ha llevado a varios legisladores a exigir una revisión exhaustiva de los procedimientos internos del Congreso para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
Duro golpe para el Congreso
Este escándalo no solo afecta la imagen del Congreso peruano, sino que también plantea serias preguntas sobre la ética y la integridad dentro de las instituciones públicas. La posibilidad de que un exfuncionario haya liderado una red tan grave pone en tela de juicio los mecanismos de control y supervisión existentes.
