El diputado Mauricio Ojeda quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por delitos de fraude al Fisco. Ojeda, quien fue elegido por el partido Republicano, enfrenta serias acusaciones en el marco de la investigación de la arista Manicure del Caso Convenios, que investiga el destino de 730 millones de pesos destinados a fundaciones que no ejecutaron los proyectos prometidos.
Detalles de la formalización
Durante la segunda jornada de la audiencia, la jueza de Garantía, Leticia Rivera, aceptó la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía y el Gobierno Regional de La Araucanía. La decisión se basó en la consideración de que Ojeda tuvo participación relevante e intención de defraudar al fisco.
A pesar de su historial de conducta anterior, la jueza ponderó la gravedad de los delitos imputados, que incluyen tres delitos de fraude al fisco, uno de ellos frustrado. La decisión se sustentó en el impacto de sus acciones en la población más vulnerable, a la que debían beneficiar los programas financiados.
En la primera jornada, la Fiscalía afirmó que el parlamentario actuó como autor y cooperador en estos delitos. En particular, se le acusa de haber contactado a funcionarios públicos del Gobierno Regional de La Araucanía (GORE) para facilitar la adjudicación de proyectos a las fundaciones Educc y Folab.
El contexto del Caso Convenios
La investigación del Caso Convenios se centra en cómo se utilizaron los 730 millones de pesos que fueron transferidos desde el Gobierno Regional a las mencionadas fundaciones. Estos fondos estaban destinados a realizar cursos para mujeres vulnerables en Temuco y Padre Las Casas, los cuales nunca se ejecutaron.
La Fiscalía sostiene que Ojeda no solo facilitó contactos y gestiones para que las fundaciones obtuvieran recursos, sino que también proporcionó financiamiento a través de préstamos con intereses, alcanzando un total de $85 millones en 2022. Este financiamiento habría sido crucial para que la fundación pudiera seguir postulando a fondos públicos.
La situación de Ojeda se agrava debido a la serie de delitos que se le imputan, que afectan directamente a una población que esperaba recibir apoyo y capacitación. El impacto social de estos delitos ha sido un factor relevante en la decisión judicial de imponer la prisión preventiva.
El caso ha generado un amplio interés mediático y político en el país, dado que involucra a un representante electo. La Fiscalía continúa trabajando en la recopilación de pruebas y testimonios que sustenten las acusaciones en su contra.
