El gobierno de Estados Unidos anunció un incremento significativo en las recompensas económicas por información que conduzca a la captura o condena de Nicolás Maduro y otros altos funcionarios de su régimen opresor. La nueva recompensa asciende a 25 millones de dólares por datos sobre el dictador venezolano y su ministro del Interior, Diosdado Cabello. Esta decisión se enmarca dentro de los esfuerzos de la administración estadounidense por desmantelar lo que califican como una "estructura represiva y antidemocrática" en Venezuela.
Sanciones a altos funcionarios
El Departamento del Tesoro también impuso sanciones a ocho altos funcionarios vinculados al régimen de Maduro por su implicación en violaciones a los derechos humanos y corrupción. Entre los sancionados se encuentra Héctor Andrés Obregón Pérez, presidente de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PdVSA), quien es considerado clave en la generación de ingresos ilícitos que sustentan al régimen. "PDVSA ha sido central en la generación de ingresos ilícitos utilizados para sustentar el régimen; Obregón Pérez es clave en esta operación", afirmó el subsecretario interino del Tesoro, Bradley T. Smith.
Además, Ramón Celestino Velásquez Araguayán, presidente del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (CONVIASA) y actual ministro de Transporte, también fue sancionado. Estas medidas buscan no solo bloquear las entradas económicas del régimen, sino también exponer a los actores implicados en la represión y corrupción. "Estas sanciones buscan no solo bloquear las entradas económicas del régimen, sino exponer a los actores clave implicados en fomentar la represión violenta y la corrupción", agregó el comunicado oficial emitido desde Washington.
Una de las figuras más relevantes en esta lista es Douglas Arnoldo Rico González, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Este funcionario ha sido señalado por liderar actividades represivas y violaciones graves de derechos humanos. Rico ya había sido sancionado por la Unión Europea en 2023 debido a denuncias de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. "El CICPC ha sido responsable de los peores abusos desde las elecciones presidenciales de julio de 2024", afirmaron las autoridades en el comunicado.
Coordinación internacional en la presión al régimen
Las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, programadas para julio de 2024, se presentan como un punto clave en el conflicto político. Expertos indican que Maduro ha intensificado la represión tras lo que muchos consideran un proceso electoral fraudulento. Bradley T. Smith subrayó que "Estados Unidos y sus socios se solidarizan con el pueblo venezolano en su reclamo de elecciones justas y verdaderamente democráticas".
Esta presión no proviene únicamente de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro indicó que estas acciones fueron coordinadas con aliados internacionales como Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido, buscando ejercer una presión multilateral sobre el gobierno de Maduro. "Nuestro mensaje es claro: no toleraremos la represión ni el desprecio por los derechos humanos y los valores democráticos", enfatizó el departamento.
Otros cómplices de. la dictadora
Entre los sancionados también se encuentra el coronel retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), José Ramón Figuera Valdez. Designado en octubre de 2024 como comandante de la Zona de Defensa Integral del distrito capital, se le vincula con casos de brutalidad policial que resultaron en muertes durante manifestaciones. El comunicado subrayó que "Figuera fue directamente responsable de los niveles más altos de detenciones arbitrarias durante los eventos del 29 de julio de 2024".
Las sanciones implican el bloqueo de bienes e intereses ligados a los funcionarios sancionados, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Cualquier transacción entre entidades estadounidenses y los sancionados queda prohibida, con posibles penas civiles o penales para los infractores. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) destacó que el objetivo de estas sanciones es promover cambios significativos en las acciones del gobierno venezolano. "El objetivo de las sanciones es fomentar transformaciones positivas y construir un camino hacia una Venezuela democrática", señala el comunicado.
Con estas nuevas medidas, la comunidad internacional continúa aumentando la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, buscando frenar la represión y fomentar un cambio hacia la democracia en Venezuela.
